martes, 11 de junio de 2013

De nuevo el PP nos deniega la apertura de la fosa común del Cementerio Municipal de Las Palmas

Seguimos luchando, no desfallecemos, aunque de nuevo nos han dado un portazo en la cara, esta vez desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se nos desestima la solicitud de exhumación de la Fosa Común del Cementerio Municipal de Las Palmas, lugar en el que están enterrados parte de nuestros muertos y más de 60 republicanos/as asesinados a partir de 1.936 por los criminales del General Franco.

La losa fria de la incomprensión, de la insensibilidad institucional con una reinvindicación tan justa, nos demuestra que el fascismo sigue vivo, que los regidores de esta supuesta democracia tapan y ocultan las torturas y crímenes de sus antecesores en el poder.

Seguimos, seguiremos en la lucha hasta el final, no les quepa la menor duda.

Ni olvidamos, ni perdonamos.

domingo, 9 de junio de 2013

Diputados británicos se movilizan contra el derribo del monumento a las Brigadas Internacionales en Madrid

Laboristas del Parlamento británico promueven una declaración en la Cámara en la que reclaman que "el memorial permanezca en su lugar para que las futuras generaciones puedan recordar algunos de los momentos más importantes de su historia".  

Es discreto. Pocos de los miles de alumnos que acuden cada día al campus sabe que existe. No así el magnánimo Arco de la Victoria -la de Franco en la Guerra Civil, claro-, erigido, a escasos minutos a pie, durante la dictadura. Pero el que se ha levantado sin licencia urbanística, en octubre de 2011, según la justicia, es el de las Brigadas Internacionales y, por eso, tiene los días contados de acuerdo con una diligencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El conflicto ha saltado fuera de nuestras fronteras. Un grupo de diputados laboristas británicos está promoviendo una moción para que la Cámara apruebe una declaración de condena del derribo del monolito, levantado frente al edificio de Alumnos de la universidad, en la que se reclama la intervención del Gobierno británico ante el español:

Amenaza al monumento de las Brigadas Internacionales

Este Parlamento quiere hacer notar la instrucción de un tribunal español para que la Universidad Complutense de Madrid retire el modesto monumento a las Brigadas Internacionales (incluyendo sus ciudadanos británicos) que murieron durante la Guerra Civil española; destaca que el campus fue uno de los principales campos de batalla durante la guerra en noviembre de 1936 y que este es el único monumento de este tipo en Madrid; llama al Gobierno de su majestad a hacer gestionaes ante el Gobierno español para asegurar que el monumento permanezca en su lugar para que las futuras generaciones puedan recordad algunos de los momentos más importantes de su historia.

Este jueves, además, el periódico británico The Guardian publicaba un reportaje en el que alertaba del "peligroso intento de distorsionar la historia de la Guerra Civil. La retirada del monumento es un intento de zanjar el debate". En el artículo se recuerda la ingente cantidad de calles, plazas y placas en recuerdo de los vencedores de la contienda que hay repartidas por toda España. Y concluye: "Es un modo intolerante, peligroso y disfuncional de afrontar el pasado y no casa con el intento de proyectar para el futuro un Madrid abierto, diverso y transparente".

Una diligencia del 21 de mayo de 2013 remitida por el TSJM al Juzgado número 22 de lo contencioso administrativo de Madrid ratifica la sentencia inicial de abril de 2012 del mismo tribunal que declaraba nula la instalación del monumento. A partir de aquí, da 10 días a la universidad para hacer acuse de recibo de la diligencia y, desde entonces, dos meses para cumplir la sentencia. Es decir, el derribo. A juicio del TSJM, el rectorado debería haber pedido su correspondiente licencia urbanística para instalarlo en suelo de dominio público, petición que se produjo después de inauguración.

Según la sentencia de 2012, "la administración ha eludido por completo sujetarse a tal procedimiento obligado, como cuestión previa de necesaria observancia para poder llevar a cabo la actuación material de instalación de la estatua. No se trata de un error en el procedimiento elegido para tramitar la licencia o de una deficiencia de cualquier naturaleza en el proyecto o en la autorización obtenida, cuestiones todas ellas de revisión de legalidad, sino de una omisión total y absoluta de dicho procedimiento".

El monumento fue inaugurado el 22 de octubre de 2011 en una ceremonia a la que acudieron brigadistas y el rector de la Complutense, José Carrillo, hijo del exsecretario general del PCE Santiago Carrillo. Está formado por dos planchas de acero –de 4 metros de altura por 0,80 metros de ancho- paralelas sobre una base de hormigón, tiene dibujada la estrella de tres puntas de las Brigadas Internacionales y en él puede leerse la siguiente frase de Dolores Ibárruri, Pasionaria: "Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo histórico de la solidaridad y de la universidad de la democracia".

La Asociación Foro por la Memoria ha emitido un comunicado en el que exige las administraciones públicas "la aplicación y desarrollo de la ley de memoria con la consiguiente señalización, conservación y desarrollo de la labor pedagógica que incluye el mantenimiento de este monumento".

jueves, 27 de diciembre de 2012

Las familias de los fusilados de San Lorenzo consideran un atentado a sus derechos constitucionales la desestimación de la demanda para la exhumación de la fosa común del cementerio de Las Palmas

Arropados por un amplio número de organizaciones sociales, políticas, culturales, de memoria histórica y en una rueda de prensa con presencia masiva de medios de comunicación, han presentado ante la opinión pública este jueves 27 de diciembre, el Recurso de Apelación al Auto de la jueza, Ana Isabel De Vega Serrano, del que consideran que la decisión de su Juzgado de Instrucción nº 5, contribuye a la presunta ocultación de los crímenes del franquismo en las islas, impidiendo que unas familias canarias puedan simplemente recuperar los huesos de sus familiares injustamente asesinados por los criminales fascistas en 1937, con el único objetivo de darles una digna sepultura y tener un lugar donde llevarles flores.
 
La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo ha manifestado hoy su profunda decepción con el Auto de la jueza, Ana Isabel De Vega Serrano, donde desestima la demanda para la exhumación de la Fosa Común nº 5 del Cementerio de Las Palmas de Gran Canaria (Vegueta). En este enterramiento ilegal se calcula, según la mayoría de historiadores, que pueden encontrarse más de 60 cuerpos de personas asesinadas por los franquistas. En dicha fosa están un número indeterminado de fusilados en el Campo de Tiro de La Isleta, así como numerosos desaparecidos que sus familiares siguen buscando en los pozos y simas de la isla y que posiblemente muchos estén en este cementerio. Entre esos restos se encuentran, ya confirmados, los del Alcalde-Presidente del municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega y los del sindicalista de la Federación Obrera vinculado a este Ayuntamiento, Francisco González Santana, de los cuales esta Plataforma cuenta con sus certificados de inhumación que indican que están en esa fosa, además, entre otros, los del periodista lanzaroteño, Manuel Fernández, asesinado a palos por los falangistas en el Campo de Concentración de La Isleta el 20 de febrero de 1937.
 
Francisco González Tejera, nieto del sindicalista fusilado y uno de los portavoces de esta Plataforma ha manifestado que “esta resolución judicial contribuye a que los crímenes del franquismo continúen impunes y que cientos de miles de familias sigamos sin recuperar los huesos de nuestros muertos, dando la impresión de que el estado español teme que se abran las fosas comunes de los asesinados por los fascistas a partir del 18 de julio de 1936. Las familias de las víctimas nos sentimos desamparados jurídicamente, cuando lo que solicitamos es de justicia, ya que solo pedimos recuperar unos restos para darles una adecuada sepultura”.
 
Esta Plataforma de Familiares a través de su portavoz considera que “el Auto elaborado por esta jueza incumple la legislación internacional en materia de derechos humanos, al afirmar textualmente que no se aprecian crímenes de lesa humanidad, ni de detención ilegal de nuestros familiares asesinados, además de quedar extinguida la responsabilidad penal, cuando en realidad dichos crímenes jamás prescriben según establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de fecha 17 de julio de 1998, que define de manera palmaria los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad y comprende las siguientes conductas: asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos y otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Discutir a estas alturas que el llamado “alzamiento nacional” realizado contra el gobierno legítimamente constituido en 1936 y que los asesinatos perpetrados contra sus defensores no constituyen Delitos de Lesa Humanidad sería ciertamente inaudito. Pero no sólo desde el punto de vista moral o ético sino desde el punto de vista jurídico, ya que el Estatuto de Roma así lo contempla. Además, una característica esencial de este tipo de delitos es que son imprescriptibles, con lo que alegar “que han transcurrido más de 20 años de su comisión” contravendría el propio Estatuto de Roma, de 1998”.
 
Los familiares de los fusilados han presentado el pasado viernes 21 de diciembre un Recurso de Apelación ante el Juzgado de Instrucción nº 5, que será remitido a la Audiencia Provincial de Las Palmas para su resolución, donde se hace mención a una abundante legislación internacional que contradice el Auto de la jueza Ana Isabel De Vega Serrano, planteando que El derecho a obtener reparación –vinculado al derecho a disponer de recursos legales y efectivos- por las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario está reflejado en varios tratados internacionales (por ejemplo, los arts. 2(3), 9(5) y 15(6) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; arts. 5(5) y 41 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos; art. 68 de la tercera Convención de Ginebra relativa al tratamiento de los prisioneros de guerra; art. 91 del Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra relacionadas con la protección de las Víctimas de Conflictos Armados Internacionales; art. 24 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas -todos ellos ratificados por España y por tanto de obligado cumplimiento (y de buena fe para el Estado español) y ha sido desarrollado en la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos”.
 
González, considera que “este Auto vulnera además el artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica, donde se reconoce expresamente el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores. Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia”.
 
Estas familias, sostiene por último, Francisco González, “solo pedimos recuperar unos restos, unos huesos que nos pertenecen para darles un entierro digno. No estamos exigiendo dinero, ni las propiedades que nos robaron, ni nada del otro mundo, solo unos abandonados huesos de un dolor no amortajado, para que por ejemplo mi padre que tiene 87 años pueda antes de morir tener un lugar donde llevarle flores. Por eso no entendemos la resolución de esta jueza que atenta contra nuestros derechos constitucionales. La pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que de seguir en la misma línea que el Juzgado nº 5, no nos dejará otra opción que recurrir al Tribunal Constitucional, a la Unión Europea y al Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, para vergüenza de un estado español que se dice demócrata y moderno.”
 
 
El fascismo español impone su ley

miércoles, 26 de diciembre de 2012

Convocatoria por la desestimación de la demanda de la fosa común de Las Palmas


JUEVES  27 DE DICIEMBRE A LAS 11,00 HORAS

PLAZA DE SAN AGUSTÍN, 6 (VEGUETA)

Tras la demanda presentada por las familias de los fusilados de San Lorenzo exigiendo la apertura de la fosa común del Cementerio de Las Palmas, donde se calcula que pueden estar enterrados más de 60 republicanos asesinados por los franquistas, entre ellos el alcalde comunista de San Lorenzo, Juan Santana Vega y el sindicalista de la Federación Obrera, Francisco González Santana. El Juzgado de Instrucción nº 5 ha desestimado dicha denuncia por considerar, y citamos textualmente, “que no se aprecian delitos de lesa humanidad ni de detención ilegal”, además de considerar “que dichos crímenes ya han prescrito”, cuando la legislación internacional de derechos humanos establece que los asesinatos de estado nunca prescriben.
Por todo ello esta Plataforma de Familiares, ha presentado un Recurso de Apelación ante dicho juzgado, que será remitido a la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Ante esta vergonzosa decisión judicial les convocamos a participar en dicha acción informativa y reivindicativa por la VERDAD, LA MEMORIA, LA REPARACIÓN Y LA JUSTICIA con las víctimas de los crímenes franquistas en Canarias.
             No podemos permitir que estos luchadores y luchadoras que dieron su vida por la libertad y la democracia sigan ocultos por un estado que encubre de forma premeditada a sus asesinos.
La complicidad de la justicia y del gobierno de España parecen aliarse para que los familiares de los asesinados no podamos jamás recuperar sus maltratados huesos.

viernes, 23 de noviembre de 2012

Domingo Valencia: “Yo vi como lo mataban a palos”. Presentada la demanda para la apertura de la fosa común del Cementerio de Las Palmas GC


En la mañana de este miércoles, 21 de noviembre, la Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo presentaba en los juzgados de Las Palmas una demanda judicial para reclamar la apertura de la fosa común del cementerio de la capital grancanaria.
Se estima que en dicha fosa podrían encontrarse los restos de entre 50 y 60 personas asesinadas por el franquismo. Entre ellas, se encuentran el que fuera alcalde del desaparecido municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega, y el sindicalista vinculado a dicho ayuntamiento Francisco González Santana. Otra de los “desaparecidos” que puede estar enterrado en la fosa común es el periodista Manuel Fernández, que fue asesinado a golpes en el Campo de Concentración de La Isleta por haber escrito artículos contra los generales golpistas.
    En la elaboración de la demanda, que dirige el abogado Rubén Alemán Sánchez, han colaborado con los Familiares de los Fusilados de San Lorenzo el Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) y la organización política Unidad del Pueblo (UP).
A las puertas de los juzgados,Canarias Semanal entrevistó a la portavoz de la plataforma denunciante, Pino González,  y a Domingo Valencia, uno de los últimos supervivientes grancanarios de los campos de concentración de la dictadura franquista.
VÍDEO:

martes, 20 de noviembre de 2012

PRESENTACIÓN DEMANDA JUDICIAL EXIGIENDO LA EXHUMACIÓN DE LA FOSA COMÚN DEL CEMENTERIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (VEGUETA)



La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo, presentará este miércoles 21 de noviembre a las 11,00 horas de la mañana, en el Decanato (Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, C/ Granadera Canaria, nº 2), una demanda judicial exigiendo la apertura de la Fosa Común del Cementerio de Las Palmas, donde se encuentran los restos de un número indeterminado de personas asesinadas por el franquismo, que puede superar las 50, entre ellos el Alcalde-Presidente del municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega y el sindicalista vinculado a dicho Ayuntamiento, Francisco González Santana.
Esta demanda que ha contado con la inmensa colaboración del Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) y de la organización política Unidad del Pueblo (UP), será presentada por dos de los familiares de los fusilados enterrados en dicha fosa, bajo la dirección letrada de D. Rubén Alemán Sánchez.
Dicha denuncia ha contado también con el inestimable asesoramiento jurídico de Lidia Vicente, que es una de las abogadas responsables de la querella argentina contra el franquismo y el estado español por crímenes de lesa humanidad, además de ser la primera jurista que presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, sobre la desaparición del padre de Fausto Canales por los franquistas.
Por todo ello le invitamos a usted y a su organización a la presentación de dicha demanda judicial y a las declaraciones en rueda de prensa de los portavoces de esta Plataforma Ciudadana en la entrada de dichos juzgados.

miércoles, 17 de octubre de 2012

Cada fosa que se abre y cada resto que se entrega consolidan la democracia´



      El profesor ha saltado a las portadas por ser el forense que recondujo el caso Bretón con el análisis de los huesos de los niños. Pero es mucho más que eso: lleva años liderando las exhumaciones de las fosas de la Guerra Civil y ha contribuido a esclarecer casos como el de Lasa y Zabala...
      EL ADN se ha convertido en el nuevo lucero, incluso dios, para la Justicia. ¿Es tan difícil una condena sin su omnipresencia?
      No, en absoluto. El ADN es muy poderoso cuando te incrimina, pero en el caso de los niños de Córdoba, por ejemplo, no incrimina más a quien ha cometido el delito. Cuando el autor niega haber estado en el lugar o niega una agresión sexual, si encontramos restos biológicos suyos en la escena o en la víctima, está perdido. Aquí, en caso de que se obtuviera ADN de los restos esqueléticos de los niños, no hay una mayor incriminación del padre, porque él admite que estuvo ese día en la finca y que la hoguera la hizo él. Lo que haría es determinar con expresión matemática que son esos niños, pero ya sabemos que sí lo son: los restos pertenecen a dos homínidos de sus edades, dos y seis años; desaparecieron esa tarde, en la que está documentada la hoguera porque fue vista hasta a 33 kilómetros de distancia de lo grande que era; en esa hoguera hay más elementos, como el botón metálico o el trozo de tela; no había ni un solo hueso de animal entre la cenizas; y obviamente no son restos de un cementerio que alguien ha ido a quemar allí. Así que, ¿de quién van a ser? Para que se entienda, si los niños hubiesen aparecido ahogados en un pozo, podría surgir la duda de si fue un accidente, pero incinerados, porque ese fuego se hizo arder a más de 650 grados durante horas, con mucho acelerante y mucha madera, no cabe la menor duda
      ¿Le molesta ser más conocido por el caso Bretón que por sus años al servicio de la recuperación de la memoria colectiva española?
      No. Yo era conocido en otro tiempo por otras cuestiones y ahora me toca serlo por el caso Bretón, que tiene un impacto mediático a lo mejor superior. Yo participé en Chile en la investigación de la muerte de Víctor Jara, que puede tener importancia para media Humanidad, no sólo para los españoles, porque era un cantante popular, de una ideología concreta y porque ha dejado para la posteridad un legado que nos puede seguir emocionando. Víctor Jara murió asesinado de varios disparos y le rompieron más de 50 huesos. A lo mejor yo era más conocido por aquello que por esto. Y también puedo volver a ser conocido dentro de tres años porque me equivoque en un caso y eso me lleve a un gran desprestigio profesional. También puede ocurrir
      ¿Considera sano que un país no sea capaz de sepultar a todos sus muertos? ¿Qué le diría a quienes opinan que poner nombre a los cadáveres de una represión es tener ganas de remover el pasado?

      Si se prestan y me dejan quince minutos de su tiempo, estoy preparado para convencer razonablemente a quienes están en contra de las exhumaciones de la Guerra Civil española de que ese asunto encierra tal cantidad de contenidos de derechos humanos y sirve para reforzar la democracia de tal manera, que sus valores pedagógicos superan con creces esa frase hecha de que esto divide a los ciudadanos o reabre heridas; eso es de una simpleza fenomenal. Cada vez tengo más claro que ahí se encierran una serie de valores muy útiles, porque la tragedia de nuestros padres nos sirve hoy para consolidar valores democráticos, para construir más democracia cada día. Cada fosa que se abre, cada resto que se entrega y cada homenaje que se hace consolidan valores democráticos hoy. Esto debería verse con naturalidad. Si hay gente que está en desacuerdo, que se identifique. 
      Hay quien se aferra a que es una cuestión política...
      ¿Que hay una reivindicación política detrás? ¡Naturalmente! Hay gente que te dice: "Ustedes están abriendo ahora las fosas por una cuestión política". Y yo les contesto: El no abrirlas durante todo este tiempo fue por una cuestión política, no por falta de infraestructuras o de medios. ¡Claro que detrás de las exhumaciones hay también una razón política, pero nuestro trabajo es objetivo y científico! ¿Cómo puedes pretender investigar las fosas de Libia hoy y decir que no se pueden recuperar los restos de una fosa clandestina en tu pueblo donde está enterrado el padre de tu amigo, con el que has ido al colegio toda la vida, y que fue injustamente asesinado? En esto, de verdad, cada vez tengo las cosas más claras...
      ¿Alguna vez han rechazado alguna de sus verdades periciales por incómoda? 
      Sí, en algunos casos de malos tratos y de torturas.
      ¿En qué casos? ¿En el de Lasa y Zabala, por ejemplo?
      No, precisamente en ese caso prosperó porque era también muy contundente, muy demostrativo, tanto que no se podía esconder por más tiempo. Eran otros casos de torturas, en los que yo tengo el convencimiento de que esa persona fue tratada abusivamente. Y yo no tolero que en el siglo XXI y con mis impuestos haya funcionarios públicos que se sobrepasen. Me supera, qué le vamos a hacer... Será porque estoy influido por los jesuitas o será porque me interesa la criminología, pero es intolerable que esto ocurra.
      ¿Se refiere a casos recientes?
      No, son de hace ya unos años, pero a mí me tocaron bastantes casos de estos. Algunos de los asuntos sirvieron para condenar a policías, pero en otros yo no fui suficientemente demostrativo y el tribunal no apreció mi opinión, así que mi verdad pericial no prosperó. Son las reglas del juego.
      Usted ha trabajado codo con codo con Baltasar Garzón. ¿Considera justa la justicia que le ha sido aplicada? 
      No, no ha sido justa, por supuesto que no. A Garzón no le ha querido ayudar nadie, se le ha dicho: "Esta vez, te aguantas". Es un asunto que probablemente en otro contexto se habría resuelto de otra manera. Y le han dejado solo, unos y otros. Además, se produce la paradoja de que en otros lugares del mundo, porque Garzón es muy conocido fuera de España, esto no se entiende, resulta incomprensible lo que le ha sucedido. ¿Cómo puede ser que lo hayan hecho desaparecer por completo de la carrera judicial?
      ¿Su gran crimen ha sido estar del lado de la memoria histórica?
      Su gran crimen ha sido dar amparo a los desamparados, que eran personas que le estaban tocando la puerta y el corazón cuando estaban diciéndole: "Oiga, mire, yo soy víctima de una injusticia. Mi padre está enterrado en una fosa aquí, enfrente del juzgado, y creo que esto se debería estudiar". Cuando Garzón se declara competente, algo que nadie quería hacerlo y que él hace porque cree que tenía alguna responsabilidad, se le echa encima toda la clase política española.


El Foro por la Memoria pide dignificar 30 fosas comunes en el cementerio


















La memoria del cementerio esconde todavía los restos de muchos represaliados de la Guerra Civil, pero sobre todo, de la represión franquista a pesar de que el Ayuntamiento haya dignificado el ‘Patio 42’, que guarda 727 cadáveres, el año pasado. El Foro por la Memoria de Toledo lleva año y medio esperando – al igual que Izquierda Unida – que el equipo de Gobierno municipal trabaje en la dignificación de las treinta fosas comunes que aún permanecen en el olvido tal y como se comprometió durante el homenaje al ‘Patio 42’ celebrado el 17 de febrero de 2011. Pero como después de esa fecha no se ha vuelto a hablar del asunto, el colectivo vuelve a mirar hacia la Memoria Histórica para sacar a la luz esas viejas historias arrinconadas y, sobre todo, alejar del ostracismo a todos los represaliados, con o sin nombre, que sigue silenciando el cementerio.
«Es necesario que el Ayuntamiento de Toledo continúe con la dignificación y no se conforme con lo conseguido con el ‘Patio 42’», explica el presidente del Foro por la Memoria, Emilio Sales. Además, recuerda que durante los homenajes celebrados en febrero, dado que IU realizó uno y el Ayuntamiento otro institucional, «se habló de la posibilidad de colocar un mapa a la entrada con un itinerario para todos los interesados en visitar el ‘Patio 42’ y el resto de fosas». Sin embargo, no comprende por qué no se ha empezado a mover el tema en este último año y medio y plantea reunirse con el portavoz de IU, Aurelio San Emeterio, para que le ponga al día de la situación y estudiar cómo abordar esta reivindicación.
La dignificación del resto de fosas comunes podría ofrecer algunas dificultades como las sufridas en el ‘Patio 42’, que ha precisado un proyecto para adecuar la parcela y proteger los restos dada la imposibilidad de las exhumaciones al disponer de una fosa de gran dimensión que apila cientos y cientos de restos mortales, la mayoría sin nombre ni apellidos. En este caso, el problema reside en la cantidad de fosas, unas localizadas y otras no, que quedan todavía, en los patios 43, 17, 19, 33, 31, salvo las tres que se dignificaron en este último tramo en los años 80.
Sin embargo, la mayor parte de los enterrados fueron registrados en el libro del cementerio. Pero sólo algunos de los familiares conocen si sus represaliados murieron de un disparo junto a la tapia del cementerio, de una condena improvisada, de una enfermedad en la cárcel o por la cruenta represión que asoló Toledo con la entrada de las tropas del General Varela a finales de septiembre de 1936.
LA INVESTIGACIÓN. El Foro por la Memoria de Toledo espera que el Ayuntamiento pueda seguir dando pasos para avanzar en la dignificación y la reparación moral. Si bien, la iniciativa no resultaría sencilla puesto que el cementerio también esconde varias fosas comunes en la tierra y algunas de ellas no están localizadas a pesar de las investigaciones de los últimos años. Aún así, la historiadora Natividad Rodrigo es una de las personas que mejor conoce el tema porque realizó una cuidada investigación que inició en el año 2005 tras obtener un permiso municipal que se retrasó bastantes meses porque el tema de la Memoria Histórica no convencía al Gobierno municipal del Partido Popular.
Rodrigo analizó a conciencia el libro-registro del cementerio, un documento muy valioso que desentierra datos, fechas, lugares de inhumación y anécdotas que pueden ser muy útiles a la hora de exhumaciones futuras o, simplemente, para dignificar gran parte de las fosas comunes. Además, la historiadora ha paseado muchas veces por el cementerio comprobando dónde pueden ubicarse y sabe que a partir de 1938, ya que antes la mayor parte de los represaliados fueron a parar al ‘Patio 42’, los entierros se llevaron a cabo en los patios 17, 19, 31 y 43, todos ellos ubicados a la izquierda del acceso principal.
A pesar de que siempre se habla de que aún quedan 30 fosas comunes arrinconadas, lo cierto es que aún no se puede precisar el número exacto porque puede que los alrededores de algún ciprés también escondan los restos de decenas de represaliados, como pudo ocurrir también junto a la tapia del cementerio, la última parada de los agónicos paseos.
Lo único que sí está claro es que el cementerio recibió un goteo de cadáveres hasta 1943, aunque la mayor parte de los enterramientos se realizaron a finales de septiembre de 1936. Y fue a partir de 1939 cuando el libro-registro del cementerio ofrece más información acerca del número de enterramientos. Con todo, la investigación de Rodrigo apunta que las fosas comunes guardan, al menos, los restos mortales de casi 428 represaliados con nombre y apellidos, y 915 desconocidos contabilizados en las tandas que se arrojaron a las fosas durante 1936.

miércoles, 10 de octubre de 2012

Piden a la ONU que obligue a España a buscar a los niños robados para acabar con el “sufrimiento” de sus familias


    Colectivo Sin Identidad interpone una denuncia ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas por la “pasividad” del Gobierno en la investigación de los miles de casos, que pueden constituir crímenes contra la humanidad
    La investigación por la desaparición masiva de niños durante el franquismo y buena parte de la democracia va camino de convertirse en un conflicto internacional. Primero fueron los afectados andaluces los que anunciaron que llevarían sus casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por considerarlos delitos de lesa humanidad. Ahora son los canarios Colectivo Sin Identidad quienes han acudido a la ONU pidiéndole que obligue al Estado español a buscar a los niños dados en adopción irregular, posiblemente robados, y los restituya a sus familias y acaben así con su actual “sufrimiento”.
    La denuncia fue interpuesta el pasado lunes 8 de octubre en Ginebra (Suiza) ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas pidiéndole su intervención “a la mayor brevedad posible” dado el “incumplimiento” por parte del Estado español de su “deber” de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos a los niños y bebés sustraídos a sus familias y dados en adopción irregular entre los años 1938 y 1990. El autor de la denuncia, el jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, explica que la inmensa mayoría de esos desaparecidos están vivos, y por tanto el Estado español está obligado a identificarlos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias, en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones internacionales que España ha firmado.
    Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Castilla-La Mancha y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad, pero aclara que con esta acción ante la ONU no se pretende la persecución de estos delitos. Se trata más bien de seguir el ejemplo de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, sobre todo cuando el número de niños desaparecidos en España podría ser hasta diez veces mayor que el caso argentino. Este grupo de trabajo actúa precisamente como cauce de comunicación con los gobiernos para averiguar la suerte y paradero de los desaparecidos.
    Por eso, en la denuncia se pide a la ONU que ordene al Gobierno español la creación de una Comisión Nacional de Desaparecidos, un banco de datos genéticos, un grupo de fiscales especializados y una unidad de Policía judicial dedicada solamente a este asunto. “Es el Estado el que tiene que intervenir, no se puede dejar esta cuestión a iniciativa de los parientes”, cuando la legislación obliga a “una investigación oficial efectiva e independiente”. Así lo establece, según señala Rodríguez Arias, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que España ratificó en 2006 y debe transponer a la normativa nacional antes del próximo 23 de diciembre.
    Sin embargo, hasta ahora se están encontrando con la “pasividad” del Gobierno. La denuncia ante la ONU, firmada también por el sociólogo Francisco González de Tena, afirma que las víctimas españolas están recibiendo “un trato inhumano y degradante” vinculado a “la angustia y el destrozo psicológico” derivados de no poder encontrar a los hijos, madres, padres y hermanos que buscan. En los juzgados se han interpuesto ya unas 1.500 denuncias, y varias miles más se están investigando de forma privada, pero hasta el momento no han redundado en la averiguación de la identidad actual de los desaparecidos, ningún médico, funcionario o religioso implicado ha sido condenado y sólo se ha imputado a la monja madrileña sor María Gómez Valbuena.
    Los afectados invitan a la ONU a enviar una delegación a España para comprobar “la situación profundamente dramática” que viven las familias y piden ser recibidos en Ginebra para explicar los casos. Un portavoz de Colectivo Sin Identidad y víctima también de esta trama ha declarado a Periodismo Humano que se están encontrando en todas las instancias judiciales e institucionales con “una ruta de silencio muy dura, el bastón de la ansiedad es tan cruel que es difícil resistir”, y “el tiempo juega en nuestra contra” puesto que la esperanza de vida de muchos niños criados en orfanatos, como es el caso de bastantes desaparecidos, es menor que la del resto de la población, “es parte de la masacre que han hecho con nosotros”.
    Este afectado relata como en las Islas Canarias, desde 1938 hasta bien entrados los años ochenta, funcionaron centros de Falange Española, colegios infantiles y orfanatos de los que salían hasta doscientos niños al año, entregados a familias o con certificados de muerte “más que dudosas”. “La adopción era el botín de guerra”, afirma sin ambages, a la vez que denuncia los “métodos nazis” usados en esos orfanatos, que llevaban a algunos de esos niños “a la oligofrenia y a otras enfermedades mentales”. Por eso, “la responsabilidad la va a asumir quiera o no quiera el propio Estado, yo no voy a denunciar a ninguna monja en particular, nos dejamos de pamplinas y vamos a la investigación global”, concluye.
  • En este mismo ámbito internacional, el denunciante pionero de robo de bebés en nuestro país, el abogado granadino Eduardo Raya, anunció el pasado mes de septiembre que llevaría el caso de la presunta sustracción de su hija, ocurrida en 1990, ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, con sede en Estrasburgo, por considerar que se trata de delitos de lesa humanidad, al constituir un “ataque sistemático contra la población civil”. Raya anunció que otros afectados están en la misma tesitura de que sus casos, una vez agotado el recorrido judicial español, acaben también en Estrasburgo.

viernes, 5 de octubre de 2012

Cientos de personas se refugiaron en los montes de España para combatir la dictadura fascista.

 Este domingo arranca la semana conmemorativa del guerrillero español. 


Pepe Navarro, de 88 años de edad, se unió a la guerrilla de la Agrupación Guerrilla de Levante y Aragón en 1952. La dura realidad ya se había impuesto y el sueño de derrocar al régimen de Franco mediante una intervención militar de los países aliados se había esfumado. El enemigo occidental ya no era el fascismo sino el comunismo y la prometida ayuda aliada nunca llegó. Navarro recorrió la sierra de Aragón y Valencia advirtiendo a sus compañeros de que el Partido Comunista de España, con Santiago Carrillo a la cabeza, había ordenado la retirada. Los guerrilleros debían abandonar una lucha que no conducía a nada y tratar de salir del país. España era una ratonera para ellos.
Un día normal en mi vida durante 1952 era, primero, hacer guardia a toda hora. Nadie nos podía ver.  Después trabajábamos por turnos. A veces trabajaba el campo y otros días hacía de cocinero. Y siempre estábamos en movimiento buscando compañeros. Pero la actividad fundamental en un campo guerrillero era la instrucción política. Dábamos clase y nos daban una formación para desenvolvernos teóricamente en el pensamiento marxista-leninista”, recuerda Pepe Navarro a Público.
Unos años antes de la entrada de Pepe Navarro en la guerrilla, el sueño de la reconquista de España se mantenía vivo en las montes de España. Sobre todo tras la victoria aliada en la II Guerra Mundial y la liberación de París por parte de guerrilleros españoles. Cientos de personas que habían huido de la represión franquista se habían refugiado en las montañas del país tras el termino de la Segunda Guerra Mundial a la espera de un cambio que les permitiera regresar a sus casas. El cambio deseado lo intentaron en el Valle de Arán un grupo de guerrilleros españoles recién llegados de derrotar a los alemanes en territorio francés integrados en la organización Unión Nacional Español.

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