Marcos Moreno - La Mancha Obrera
Una de las reivindicaciones más sentidas por el masivo y radicalizado movimiento de masas de mediados de los 70 y que la izquierda domesticada, en un principio, utilizó para sus chalaneos con la oligarquía fascista, mercadeando con los hondos y legítimos anhelos de las masas obreras y populares, se expresaba a través de la consigna “¡Cuerpos represivos, disolución!”, que concentraba el odio cerval hacia los sádicos torturadores de la Guardia Civil y la Policía Armada, especialmente hacia la sección encargada de la represión política, la odiada y temida Brigada Político-Social, BPS, verdadero Estado Mayor del terror formado por los más execrables y viles torturadores. Como es sabido, tras la II GM, los países aliados establecieron un programa en los países liberados del yugo nazi-fascista, que iba desde la formación de un Gobierno Provisional integrado por las fuerzas políticas que se habían enfrentado, en sus países respectivos, a la tiranía nazi-fascista hasta, en los países con tradición monárquica, un referéndum eligiendo la forma de Estado (monárquica o republicana), pasando por la depuración del aparato represivo del Estado y el enjuiciamiento de aquellos con responsabilidades penales, que serían juzgados por “crímenes contra lesa Humanidad” los cuales son imprescriptibles. Nada de eso sucedió en el Estado español.
Considero conveniente empezar con un ejemplo que podría ilustrar por si sólo la naturaleza de la reforma fascista. Roberto Conesa es el símbolo más elocuente de la continuidad del fascismo, de su adaptación a través de cambios ornamentales que se pueden resumir en la integración de la izquierda domesticada en su forma terrorista de dominación. Conesa es el encargado, en 1939, de infiltrarse en el Socorro Rojo Internacional, lo que conllevaría la detención de trece jóvenes comunistas militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, bajo torturas y falsas acusaciones. Aquellas trece jóvenes pasarían a la historia con el nombre de las “13 rosas rojas”. En 1942 se encarga del desmantelamiento del aparato de propaganda del PSOE y de UGT, que tras su pérfida participación en el Golpe casadista, ha dejado a sus militantes de base indefensos ante las huestes fascistas; en dicha operación es asesinado Antonio Donoso. Ese mismo año participa en la detención y torturas de Heriberto Quiñones, responsable de la estructura clandestina del PCE en el interior. Es fusilado sentado en una silla: ha sido mutilado durante las torturas y tiene la columna vertebral rota. A principios de los 50 los antifascistas que pasaban por sus manos afirman que, tras las peores torturas, siempre usaba un tono “paternalista”. A mediados de los 50 se marcha a la República Dominicana, para la instrucción de los escuadrones de la muerte del dictador fascista y títere yanqui, Trujillo. En 1977 (dos años antes había sido el encargado de las torturas a los detenidos en virtud del Decreto-Ley Antiterrorista de agosto del 75, que acabó con el fusilamiento de 5 antifascistas, tres militantes de ETA y dos del FRAP) su nombre aparece en todos los titulares de prensa: es el “súper agente”, el “súper comisario” Conesa, el “salvaguardador de la democracia” que había liberado a Villaescusa, carnicero presidente del Consejo de Justicia Militar, y al oligarca Oriol y Urquijo, partícipe en los crímenes de Montejurra en el 76, que habían sido secuestrados por los GRAPO. Todos los detenidos de dicha organización armada denuncian brutales torturas. Su nombre aparece salpicado en numerosas tramas de terrorismo de Estado. Por ejemplo, en la conocida como “Operación Mallorca”. Junto al ministro fascista Martín Villa (actualmente presidente de Sogecable, lo que no deja de ser curioso ya que, él mismo, se encargó de proteger a los ultraderechistas que, en el 77, colocaron un explosivo en la sede de “El País”, costando la vida al conserje del edificio) y al íntimo de éste desde los tiempos de su militancia en el SEU (el sindicato universitario fascista y parapolicial), Mariano Nicolás organizan el intento de asesinato del Secretario General del MPAIAC, Antonio Cubillo, independentista canario refugiado en Argel. El Estado fascista español se ve presionado por la RFA a través del agente del BND Werner Mauss, que veía dañados los intereses de las compañías comerciales y aéreas oestealemanas por los petardos que, de tanto en tanto, colocaba el MPAIAC en aeropuertos. Para el asesinato, contratan a un grupo de asesinos a sueldo, encabezados por José Luis Espinosa, “Gustavo”. Este individuo ya había sido infiltrado en el PCE(m-l) y en el FRAP, así como en la UGT de Murcia para “limpiar el sindicato de trotskistas”. Cubillo es acuchillado repetidas veces al entrar en el portal de su casa pero, finalmente, consigue salvar la vida, arrastrando secuelas para siempre. La misma operación conduce a la detención, en el 77, de todo el Comité Central del PCE(r). Cubillo presentó al mercenario Espinosa a militantes de ese Partido y de los GRAPO. La dirección del PCE(r) fue condenada, como durante el fascismo franquista, por “asociación ilícita” y “propaganda ilegal”. Y así, todo vuelve al comienzo, a Conesa. Los detenidos del PCE(r) y de los GRAPO son conducidos a las sórdidas mazmorras de la DGS, donde les esperan la “barra”, la “bañera” y otros “sofisticados” y “democráticos” métodos de interrogatorio en manos de todo un experto como Conesa, y su subordinado más directo, Juan Antonio González Pacheco, “Billy el niño”. Fue, hasta principios de los 80, jefe de la Sección Anti-GRAPO de la Brigada Central de Información considerada, incluso entre medios policiales, como la más “dura” de la época.
Probablemente sea este último, “Billy el niño”, el más tristemente célebre de los torturadores de la BPS, hasta el punto de que hasta en uno de los capítulos de la casposa y nostálgica “Cuéntame” es mencionado como personificación de la represión fascista. Aparece ya, junto a Conesa, en las torturas de los detenidos en agosto del 75 que culminaron en los fusilamiento del 27 de septiembre; su nombre aparece implicado en la matanza de abogados laboralistas de Atocha, señalado por el conocido ultraderechista Ernesto Milá, fundador del Partido Español Nacional Sindicalista bajo auspicio del SECED de Carrero Blanco, como principal instigador de aquella matanza, en la que aparece también el nombre de Andrés Casinello (que trataremos más adelante) y de neofascistas italianos implicados en la Internacional Negra y la “Operación Gladio”. En 1980 es señalado por Manuel Ballesteros como el intermediario entre la Policía y los asesinos a sueldo encargados de realizar las acciones de guerra sucia, durante el juicio por el ametrallamiento del bar Hendayais, que costaron la vida a dos personas. El ametrallamiento lo llevan a cabo tres mercenarios franceses, ex militantes del OAS (organización paramilitar francesa encargada de asesinatos, secuestros, desapariciones… durante la guerra de Argelia), que llevaron a cabo acciones ordenadas por el Estado tanto bajo las siglas de Batallón Vasco-Español como de las de GAL: Jean-Pierre Cherid y los hermanos Perret. El primero sería el encargado también, entre otros, de los asesinatos de Martín Eizaguirre y Aurelio Fernández Cario, militantes del PCE(r), después de que el periodista-policía Alfredo Semprún señalase, falsamente, al primero de ser el “coordinador del terrorismo europeo”, nada más y nada menos. Cherid muere al hacerle explosión el artefacto que manipulaba destinado al coche de un refugiado vasco. La familia del mercenario exigió al Estado una pensión tras su fallecimiento. Avalaba la petición de la familia un policía entonces en excedencia: Juan Antonio González Pacheco, “Billy el niño”.
Manuel Ballesteros es otro de los sádicos que dedicó toda su vida a destrozar los huesos y los órganos de los antifascistas, un verdadero profesional de la tortura. Por ejemplo, el filósofo y editor Vicent Raga, detenido en el 69, entre la descripción de las abyectas y brutales torturas que padeció a manos de Ballesteros, relata incluso un simulacro de ejecución. No es impedimento para que en “democracia” alcance los más altos cargos en la lucha “antiterrorista”. En el 81 es nombrado jefe del Mando Unificado de Lucha Contraterrorista, una especie de Consejo de Seguridad Nacional, de órgano de contrarrevolución permanente “a la española”. En el 81 es cesado por su implicación en el atentado del bar Hendayais, pero Barrionuevo lo recupera al año siguiente para la centralización e institucionalización de la guerra sucia, como Jefe de Operaciones Especiales primero y, después, como director del Gabinete de Información del Ministerio de Interior, cargo que ocupó de 1987 a 1994. Antes había sustituido a su maestro, Conesa, al frente de la Brigada Central de Información y lo primero que hace es colocar en los altos mandos policiales a perros rabiosos de la BPS, como Gómez Sandoval. Este individuo, miembro de la BPS encargado de la represión del movimiento universitario, aparece implicado también en el conocido como “caso Scala”, acto de terrorismo de Estado en el que fallecieron cuatro personas y con el cual se pretendía liquidar al movimiento anarquista. Sobre cómo entendían especímenes como Gómez Sandoval la represión del movimiento universitario es elocuente el caso de Enrique Ruano. Este joven universitario era militante del Frente de Liberación Popular, una organización pequeño-burguesa, detenido en 1969, en un momento en el que el régimen había declarado el Estado de excepción ante la oleada de luchas obreras y estudiantiles. Es bestialmente torturado por agentes de la BPS, hasta que fallece. Entonces es arrojado por la ventana por los tres asesinos, para alegar que se había suicidado. En 1963, ya se intentó con Julián Grimau. El fascismo lanza una de sus habituales campañas de intoxicación, ordenada por Fraga y ejecutada, desde el diario “ABC”, por Torcuato Luca de Tena y el ya mencionado Alfredo Semprún. No sirve para nada: todo el mundo sabe que Enrique Ruano había sido asesinado a consecuencia de las salvajes torturas sufridas en la DGS. Quizá no sea lo más sórdido y siniestro del asunto: los tres policías que le detuvieron, Francisco Luis Colino, Jesús Simón Cristóbal y Celso Galván, recibieron en febrero de 1969, un mes después del asesinato, una “felicitación por los servicios prestados”. En total, antes de jubilarse como comisarios, los tres fueron veintiséis veces condecorados, la mayor parte de las condecoraciones les fueron otorgadas después de 1975. Celso Galván perteneció a la escolta de la Casa Real. Él y Colino fueron destinados después a cargos de libre designación dentro de la Delegación del Gobierno en Madrid y Simón fue nombrado Comisario en Torrejón de Ardoz, Madrid, ya con el gobierno del PSOE-GAL y Barrionuevo como ministro del Interior. Nunca mostraron el menor gesto de arrepentimiento ni de pesar.
Hay aspectos que pueden servir perfectamente para definir un determinado fenómeno histórico. En 1979 ejerce como ministro del Interior, sucediendo al falangista “herr” Villa, Ibáñez Freire, militarote condecorado en su día con la Cruz de Hierro por Hitler en persona. Ese mismo año es puesto al frente de la Dirección General de Policía el comisario José Sáinz, colaborador en los cuarenta de la Gestapo en la Francia ocupada por los nazis. Pero ese año 79 deparaba más hechos que desenmascaraban de sobra la farsa de la “transición”. Se podría citar el asesinato a manos de un picoleto de la joven ecologista Gladys del Estal, mientras realizaba una sentada pacífica frente a la central nuclear de Lemóniz, crimen, cómo no, impune, o al asesinato de Delgado de Codes, en ese momento Secretario General del PCE(r). Pero creo que, más ilustrativo, es el siguiente caso. Ese año se aprobaba una Ley de Autonomía Universitaria que había generado graves protestas entre los estudiantes. El 13 de diciembre, en Madrid, mueren, a consecuencia de los disparos efectuados por la policía, los estudiantes José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez. Ibáñez Freire insulta desde TVE a los estudiantes asesinados pero, por primera vez en los años de la reforma fascista, tres policías son acusados y juzgados. No se les condena. Sin embargo, sí se detiene a dos jóvenes estudiantes por rodar un documental, “13 de diciembre”, sobre los hechos y, por supuesto, censurado y secuestrado. Nueve años antes de estos crímenes, en 1970, el estudiante Javier Escalada caía abatido por las balas asesinas de la policía en las luchas contra la Ley de Educación, ley con la que, gracias al tráfico de influencias y trato de favor, comenzó a amasar su fortuna Jesús de Polanco por lo que no es de extrañar que el subsecretario de Educación del fascismo franquista, Ricardo Díez Hochleitner, acabase con un puesto bien remunerado en el Grupo PRISA. Así, con la sangre del pueblo, se engrasan los grandes monopolios. Cinco años después de los asesinatos de José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez, en 1984, en el mismo lugar de los hechos, se produce una manifestación en recuerdo a los dos asesinados, que también es reprimida por la policía. José Luis Carrero Arranz participa en ella. Cuando ya se retira de la zona, recibe un balazo por la espalda. Afortunadamente, el disparo de la policía no le afecta a ningún órgano vital y consigue salvar la vida. En el hospital del Instituto de Cirugías Especiales (ICE), en San Bernardo, donde es operado con éxito el herido, se vuelve a repetir una historia ya vivida en 1979.Ahora está en el gobierno el PSOE-GAL y el ministro del Interior es José Barrionuevo, antiguo miembro del SEU franquista, reconvertido al socialismo de Felipe González, pero hay cosas que no cambian. Dos agentes esperan a pie de quirófano a que termine la intervención y obligan al cirujano a que les entregue la bala que ha herido a José Luis Carrero. Nunca se sabrá qué policía disparó contra él.
Otro ex policía fascista es Juan Antonio Gil Rubiales, que comenzó su andadura en la represión en 1971. Justo diez años después, se encarga de la detención e interrogatorios del camionero vasco, presunto militante de ETA m, Joxe Arregi. La infame Ley Anti-terrorista ofrece 10 días de incomunicación para que más de 70 policías revienten a torturas al fornido camionero. Es llevado al Hospital Penitenciario, en el que se encuentran un militante de ETA p-m y un joven militante de los GRAPO, paralítico después de que la policía le tirotease por la espalda, rematando además de un tiro en la cabeza a su camarada Abelardo Collazo, cuando se hallaba malherido en el suelo. Ellos dos nos legaron las últimas palabras de Arregi antes de morir: “Oso latza izan da”-”Ha sido muy duro”-. Las fotografías del cuerpo amoratado, hinchado y de los pies llenos de quemaduras de Arregi indignaron a la sociedad vasca. De los más de 70 implicados, sólo dos responsables directos fueron procesados: Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales. Se les condenó respectivamente a cuatro y tres meses de arresto, que no de cárcel, y tres y dos años de suspensión de empleo y sueldo. Lo cual no fue óbice para que, en 2005, Gil Rubiales fuese nombrado Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife. Fue enterrado con honores de Estado, en posesión de la Cruz al Mérito policial con distintivo rojo y habiendo sido felicitado más de 70 veces, tantos como policías martirizaron a Arregi, por su labor en la lucha “antiterrorista”.
Otro de los carniceros de Arregi fue Juan Antonio González García, otro ex BPS que entró en el cuerpo un año después que Gil Rubiales, en el 72. No es el único caso de torturas en que se vio implicado. Un año antes del asesinato de Arregi, en 1980, es detenida Isabel Llaquet, acusada de ser Secretaria General del PCE(r) tras el asesinato de Delgado de Codes. Es bestialmente torturada. Como consecuencia de las lesiones sufridas, constatadas por diversos médicos, Llaquet tuvo que ingresar en el Centro Municipal de Urgencias Pere Camps de Barcelona. Su traslado a Madrid se tuvo que realizar en silla de ruedas. En enero de 1983, Isabel Llaquet reconoció en la Audiencia Nacional a Juan Antonio González García como uno de los inspectores que la torturó. Según su relato, fue golpeada en la planta de los pies durante 12 horas, le arrancaron el vello del pubis y fue golpeada sistemáticamente en los pechos en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona donde fue sometida a interrogatorio. Isabel Llaquet ha estado presa hasta hace muy poco tiempo. Sin embargo su verdugo, su torturador es actualmente el director de la Policía Judicial, el mismo que se vio implicado en el “caso Malaya” de corrupción y el mismo que se fue de cacería con Bermejo y Garzón. Uno se los imagina haciendo jocosos comentarios sobre cómo, a la par que animales, también de cuando en cuando cazan seres humanos; uno, torturándolos; otro, haciendo la vista gorda y ordenando que continúe la incomunicación y los “interrogatorios”; el tercero, negando todo muy serio y enjuto por televisión.
No fue Arregi el único caso en los 80. Poco antes había sido torturado hasta la muerte José España Vivas, simpatizante del PCE(r) y presidente de la Asociación de Vecinos de Alcalá de Henares. Ninguno de los agentes de la Brigada de Información que lo asesinaron fueron encausados; sí, sin embargo, varios miembros de la Asociación de Vecinos, tras un homenaje a su compañero asesinado. También, en 1985, es asesinado en el cuartel de Intxaurrondo Mikel Zabaltza, conductor de autobuses presunto militante de ETA. En palabras del capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto, a Perote se les había “ido la mano” con la “bañera”. Lo habían ahogado. Echaron su cuerpo al río Bidasoa y afirmaron que se había echado al río al intentar huir. Los análisis químicos del agua demostraron que la del Bidasoa no era la misma que con la que había sido ahogado Zabaltza. En las torturas y asesinato participaron más de una docena de picoletos. Entre ellos destacan el cocainómano Enrique Dorado, más tarde condenado por el secuestro, torturas y asesinato de los jóvenes Lasa y Zabala, tras ser delatados él y Felipe Bayo por el narcotraficante “Txofo”, y Gonzalo Pérez García, enviado a Iraq en materia de represión y ejecutado por la resistencia iraquíe. Pedro Gómez Nieto, el que informó a Perote del asesinato, era cinco años después, en 1990, uno de los miembros del “Grupo Omega” o “Los Pata Negra” de la Guardia Civil, bajo órdenes directas del ladrón y asesino Roldán. Ese año secuestran, torturan y drogan al militante de los GRAPO Suso Cela Seoane, al que quieren sacar información sobre su hermano Paco. Pedro Gómez Nieto fue juzgado por esos hechos. A día de hoy, es agregado de la embajada española en Honduras, con un sueldo de cerca de 6000 euros mensuales. Ese mismo año de 1990 Suso Cela fue detenido y torturado por la Guardia Civil, esta vez leGALmente. A día de hoy sigue en prisión, secuestrado. Debería estar en la calle, pero se le ha aplicado retroactivamente la draconiana y oprobiosa “Doctrina Parot”.
Otro ejemplo paradigmático de la verdadera naturaleza de la reforma fascista se puede personificar en la figura del comisario José Matute. Inspector jefe de la Brigada de Investigación Político-Social de Santa Cruz de Tenerife mató en una sesión de tortura al militante del Partido de Unificación Comunista de Canarias Antonio González Ramos, a finales de octubre del 75. La autoridad judicial investiga el caso, reconociendo en el sumario que Matute y sus secuaces habían llegado a amenazar, para mantener el silencio, a compañeros del cuerpo y a un picoleto con frases como “silencio o ejecución” o “más vale un cobarde vivo que un valiente muerto”. Por esas mismas fechas, Matute también tortura a Manuel Trujillo Ascanio, militante de la Liga Comunista Revolucionaria. En este caso sí es juzgado y condenado a cinco meses de arresto, seis años de destierro de Tenerife y al pago de una multa de 75000 pesetas. No llegaría a cumplir ninguna de las sanciones: en el 77 se aplica la Ley de Amnistía. Algo más que una broma de mal gusto: la misma amnistía por la que dieron su vida militantes como Antonio González Ramos servía para amparar y proteger a sus verdugos, para que todo siguiera igual. Matute aparece en el año 83 en la gigantesca operación de rastreos y registros masivos que se desarrolla en el madrileño barrio del Pilar. Se jubilaría no sin antes protagonizar un sonado escándalo, la agresión a uno de sus superiores, el policía Mariano Gala.
No puedo olvidarme de otro torturador de la BPS, ascendido a mediados de los 80 por el PSOE-GAL a máximo responsable de la lucha “antiterrorista”, Jesús Martínez Torres. Manuel Lucas de Pedro, estudiante de Medicina de 21 años cuando fue detenido en 1971 y hoy casado, con un hijo, médico en la localidad zaragozana de Daroca relata a “El País”: “Martínez Torres pertenecía a la hornada que llegó en 1970. Hasta entonces estaban sólo los clásicos, acostumbrados al movimiento obrero. Pero estos nuevos actuaban ya sobre el mundo universitarios y comenzaban a infiltrar gente. Durante los 10 o 12 días que duraron mis interrogatorios, a base de palizas, era él quien los dirigía. No llevaba bigote, pero lo tengo plenamente identificado”, asegura. “Parecía que llevaba la responsabilidad, aunque cascaba igual que los demás. La verdad es que había otros más brutos. Éste lo que era es un poco chuleta. A veces rompía las declaraciones, si no le gustaban”. Al mismo periódico, David Ubico Soler, trabajador del metal, que entonces contaba 24 años y que, como militante del Partido de los Trabajadores (PT), participaba en una reunión preparatoria de las elecciones para enlaces de los sindicatos verticales cuando fue detenido: “Martínez Torres no era de los que más pegaban, sino de los que dirigían y coordinaban los interrogatorios de las distintas habitaciones, y, por ejemplo, te hacía oír gritar al compañero de la habitación de al lado. O te decía: ‘¿Oyes cómo llama a mamá?’. Martínez Torres iba con una porra en la mano, que a veces usaba. El que más me pegaba no era él, sino otro que todavía sigue aquí. Martínez Torres te daba un golpe, te soltaba una frase cínica y se largaba. También fue uno de los que me llevaron al monte, a un agujero, y al ver que no estaba la propaganda, hacían insinuaciones con la pistola que daban miedo…[...]hace ocho o diez meses, en televisión, dándole la mano al Rey. Fueron sólo dos segundos, pero le reconocí. No lo comenté con nadie, excepto con mi moza, pero cuando hace poco vi la foto en EL PAÍS ya no pude contenerme y escribí la carta al periódico”. Más de 20 personas le reconocen como torturador. A nadie se le ocurrió juzgarlo ni cesarlo, faltaría más.
Hay tres caso que me parece importante recordar y tener bien presentes. Uno es el apaleamiento hasta la muerte del anarquista Agustín Rueda, en la cárcel de Carabanchel, en 1978 tras descubrirse un túnel en la prisión. Después de un año los responsables del asesinato, (Carlos Cantos Rueda, director, Antonio Rubio, subdirector, Barrigón, medico de la prisión, Luís Lirón de Robles, jefe de servicios, Jose Luís Esteban, carcelero, Alfredo Mayo, carcelero, Javier Flores, carcelero, junto a otros carceleros) fueron puestos en libertad por Landelino Lavilla y Rodolfo Martín Villa. Diez años después de la muerte del recluso anarquista, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que el apaleamiento de Agustín Rueda era “un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte”. Se condenó a 10 años de cárcel a Eduardo Cantos, director de Carabanchel cuando se produjeron los hechos, al subdirector Antonio Rubio y a cinco funcionarios más. Otros tres encausados fueron condenados a ocho, siete y seis años, respectivamente. Y a dos años de cárcel los médicos José Luis Casas y José María Barigow, que ocultaron el grave estado de Agustín Rueda tras la paliza. De todos ellos, ninguno llegó a permanecer ni ocho meses en prisión. Todos ellos eran carceleros durante el fascismo franquista y continuaban siéndolo con el fascismo entronizado.
El segundo es el conocido como “caso Almería”, uno de los episodios más abyectos y repulsivos de aquellos años. En aquella ocasión, las víctimas fueron tres jóvenes trabajadores santanderinos que se habían trasladado en coche hasta Andalucía para asistir a la primera comunión del hermano de uno de ellos, y que en el camino fueron erróneamente identificados como miembros de ETA por una persona que acababa de ver en televisión las fotos de tres militantes de ETA a los que se atribuía un atentado en Madrid. Dicha persona apuntó la matrícula de su coche, y avisó a la Guardia Civil. El resultado no se hizo esperar: el 9 de mayo de 1981 varios agentes del cuerpo detuvieron a los tres jóvenes en Roquetas de Mar, pensando que eran miembros de ETA, y tras llevarlos a una casa abandonada, los torturaron con tal saña que en pocas horas eran los tres cadáveres atrozmente mutilados. Entonces, se dieron cuenta de que no se trataba en absoluto de militantes de ETA, y procedieron a camuflar el crimen, para lo cual los metieron en un coche al que prendieron fuego, tras coserlo a balas y rociarlo de gasolina. El procedimiento judicial estuvo repleto de irregularidades, y sólo gracias a la entrega y coraje del abogado que representaba a las familias de las víctimas, Darío Fernández, quien recibió múltiples amenazas de muerte y tuvo incluso que vivir oculto en una cueva, se logró que tres de los once guardias civiles implicados fuesen condenados por torturas y
homicidio, que no asesinato. El principal encausado, el entonces teniente-coronel Carlos Castillo Quero, recibió una sentencia de 25 años de prisión; el teniente Manuel Gómez Torres otra de 14 años, y finalmente el guardia Manuel Fernández Llamas fue condenado a 12 años. Ninguno pasó en prisión ni un año y, por supuesto, con enormes privilegios y prebendas. Entre otros, recibir gigantescas sumas de dinero de los fondos reservados, lo que Barrionuevo justificó aduciendo que era un “compromiso” anterior de los falangistas de UCD. Una persona con el mismo nombre y apellidos de uno de los asesinos, Manuel Fernández Llamas, condenada a 3 años de prisión por un delito de lesiones, fue indultada el año 2000. Uno no quiere ser malpensado, pero…
Por último, el llamado “caso Nani”. Para este caso, citaré los párrafos de la documentada y exhaustiva obra de Juan J. Alcalde “Los Servicios Secretos en España La represión contra el movimiento libertario español (1936-1995)”: “[...] En el asunto de la “mafia policial” se investigaron las importantes relaciones de importantes joyeros como Mariano Loriente y Federico Venero con policías, a su vez relacionados con la desaparición en dependencias policiales de un confidente de la policía, “el Nani”. El jefe de la brigada anticorrupción vinculó ante el juez los casos Nani y el del joyero Loriente, secuestrado en el 78 y desaparecido en el 83, en el que se vio implicado Messía Figueroa, “el Marqués”, agente de los servicios de información y ya implicado antes en el secuestro del también joyero Recaredo González Pazos. La mafia policial, que estaba formada por ex político-sociales (la policía política del franquismo), estaba implicada en el asesinato de más de 7 personas relacionadas con el negocio de la joyería. Confidentes de la policía tras la info recibida por inspectores (de la policía), atracaban o secuestraban a joyeros, algunos de los cuales eran a la vez colaboradores policiales. Una parte sustanciosa del botín de cada robo o secuestro debía ser entregada a los ex político-sociales ahora integrantes de la brigada de información, en varias ocasiones se deshicieron de sus colaboradores para tocar a más… [...] hubo algunas cabezas de turcos, pero otros implicados como el comisario Ángel Ortega en el 88 se veía como jefe de la academia de policía. O Rodríguez Colorado, que en el mismo año accedió al cargo de director general de policía”
Más de uno habrá caído en la cuenta de que apenas he citado nombres relacionados con el benemérito cuerpo. La continuidad del fascismo se manifiesta en tan odiado cuerpo militar en la figura de dos hombres: José Antonio Sáenz de Santamaría y Andrés Casinello. El primero de ellos, General, se dedicaba ya en los sombríos y truculentos años de posguerra a la persecución y asesinato de los militantes de las Agrupaciones Guerrilleras utilizando, por ejemplo, pentotal sódico para conseguir declaraciones y confesiones. Es el encargado, en 1975, de los preparativos para los fusilamientos del 27 de septiembre. Implicado en todas las tramas de terrorismo de Estado desde mediados de los 70 hasta el 82, encargado de la “reestructuración democrática” de la Policía y de la creación de los GEO, es nombrado por el PSOE-GAL director general de la Guardia Civil. El “pacto del capó” con los militarotes exigía, como contrapartida del PSOE-GAL, la centralización e institucionalización del terrorismo de Estado, la aplicación de la guerra contrainsurgente y éste ponía en altos cargos a los hombres adecuados. Implicado en los crímenes de los GAL, condenado por los cometidos entre 1983 y 1984 para después ser absuelto, siempre fue un apologeta del terrorismo de Estado. Dejó frases célebres como “prefiero la guerra a la independencia de Euskadi”, aforismo que siguió al pie de la letra.
Casinello es uno de los hombres claves de la estrategia contrainsurgente del Estado fascista español. Al mando del SECED tras el vuelo con pirueta de Carrero Blanco y la defenestración del coronel San Martín (que, desde finales de los 60, junto a Díez Alegría, iba negociando con Carrillo en Rumanía la integración del PcE en el Estado fascista), su nombre aparece implicado en sucesos como la matanza de abogados de Atocha o el “caso de la colza”, así como en, al menos, cuatro asesinatos de refugiados vascos. Es considerado como el fundador del GAL verde así como el creador del organigrama de los GAL y cerebro del Plan ZEN (Zona Especial Norte), impulsado por el PSOE-GAL (uno de sus máximos valedores, el senador Casas, fue abatido por los Comandos Autónomos Anticapitalistas; en represalia, el Estado terrorista contestó con la emboscada criminal de Bahía de Pasaia). ¿Por qué este hombre? Casinello fue instruido y entrenado en las técnicas de guerra contrainsurgente (secuestros, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones…) en Fort Bragg, la base norteamericana en la que eran entrenados los escuadrones de la muerte latinoamericanos en las tácticas que los imperialistas franceses habían utilizado y sistematizado en las guerras de Indochina y Argelia (algo antes los británicos en Malasia utilizaron técnicas similares). En relación con ésto, véase el excelente documental francés “Escuadrones de la muerte: la escuela francesa”. Una de las premisas esenciales de la guerra contrainsurgente es la división por zonas del territorio para aplastar el peligro de subversión. Ahora, observad qué significa el acrónimo “ZEN” del plan citado. La contrarrevolución también es internacionalista…
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