Efectivamente, tiene razón la AVT cuando dice que “ve inaudito que se compare a las víctimas de ETA con los represaliados del franquismo”. Y efectivamente es así, pero no por lo que expresala AVT, sino por las siguientes razones:
Las personas fallecidas como consecuencia de las acciones armadas de una parte delmovimiento vasco de liberación (1), en el marco de la guerra revolucionaria que se ha desarrollado en el País Vasco (2), están reconocidas jurídicamente como víctimas y enterradas donde sus familiares decidieron. Por el contrario, los centenares de miles de demócratas de distintas ideologías asesinados por los golpistas de 17 de julio de 1936, sus cómplices y el régimen de carácter fascista que implantaron, no han sido reconocidos jurídicamente como víctimas y los restos de una inmensa mayoría de ellos descansan en fosas comunes desperdigadas por descampados y cunetas.
Los miembros de las organizaciones armadas del movimiento vasco de liberación son perseguidos y juzgados cuando son capturados por las fuerzas policiales del estado español; incluso, en algunas ocasiones, han sido torturados (3). Como contrapunto, los golpistas de 18 de julio de 1936 (miembros perjuros del ejército y de las fuerzas coercitivas del estado, eclesiásticos, banqueros, grandes capitalistas y terratenientes, políticos de derechas, militantes de organizaciones fascistas y sus cómplices tanto internos y externos) no solamente no han sido perseguidos por la justicia, sino que además tuvieron tiempo, durante la dictadura y la llamada transición, de destruir todas las pruebas que pudieron de los crímenes que cometieron, sin que se hayan pedido responsabilidades en este sentido. No sólo eso, a los autores del exterminio de centenares de miles de demócratas desde 17 de julio de 1936 se les sigue homenajeando con monumentos, estatuas, calles y distinciones.
Al movimiento vasco de liberación, tanto a las organizaciones armadas, como a las que han defendido la independencia de EuskalHerria por vías pacíficas, se le exige que pida perdón; sin embargo, no se ha exigido nunca a ningún golpista del 17 de julio de 1936, dirigente del régimen franquista, ni miembros de las fuerzas coercitivas del estado franquista, incluidos los miembros de la temible Brigada Político-Social, que pida perdón a las víctimas del franquismo y sus familiares.
El actual jefe del estado siempre tiene en sus discursos palabras de solidaridad y agradecimiento para con las personas fallecidas, lesionadas o retenidas como consecuencia de las acciones de los grupos armados del movimiento vasco de liberación; sin embargo, nunca ha mencionado a las víctimas del franquismo y no tolera que se hable mal de Franco ante su presencia.
Las personas afectadas por las acciones de los grupos armados del movimiento vasco de liberación reciben, según la gravedad, cuantiosas indemnizaciones por parte del estado (4); las víctimas del franquismo, en muy pocos casos y en cantidades irrisorias (5); teniendo en cuenta que, además, la represión económica siempre fue de la mano de la represión física, es inaudito que no se hayan dado indemnizaciones, ni se hayan devuelto bienes incautados y ni se hayan anulado las multas impuestas como consecuencia de la aplicación de las leyes represivas del estado franquista.
La mayor parte de las personas calificadas como víctimas del terrorismo anteriores a 1977 no deberían ser calificadas como tales por un estado democrático ya que, en la mayoría de las ocasiones, murieron como consecuencia de acciones de grupos armados de resistencia a la dictadura de carácter fascista del general Franco, cuyo régimen fue condenado por Naciones Unidas en numerosas ocasiones, siendo igualado en sus resoluciones ala Italiafascista yla Alemania hitleriana. Es más, es un auténtico ejercicio de doble moral tan perverso, por ejemplo, como calificar de terrorismo a la resistencia armada europea que combatió el nazi-fascismo. Hay que recordar que el derecho a luchar contra la tiranía está recogido en el derecho internacional humanitario. Por tanto, no todas las personas afectadas por las acciones de los grupos armados del movimiento vasco de liberación “son culpa de una banda de terroristas”, tal como expresa la AVT; sin embargo, las víctimas del franquismos que son culpa de una banda de criminales que sembraron el terror desde el 17 de julio de 1936 hasta después, incluso, de la muerte del dictador. Calificar de terroristas a los que, en un ejercicio de resistencia a la tiranía, mataron a individuos como Carrero Blanco o al miembro dela Brigada Político-Social Melitón Manzanas, es tan hipócrita como calificar de terrorista, por ejemplo, al coronel Von Stauffenberg por haber intentado matar a Hitler.
El hecho de no condenar, negar o defender las acciones armadas del movimiento vasco de liberación está perseguido por la legislación. El no hacer lo mismo con los crímenes del franquismo, no sólo no está perseguido, sino que además el régimen de carácter fascista del general Franco y sus actos jurídicos represivos son considerados legales por la actual democracia.
Las acciones armadas del movimiento vasco de liberación son investigadas y perseguidas por los distintos poderes del estado. En el caso del franquismo son los familiares y las asociaciones los que, con la oposición, en muchas ocasiones, de los distintos poderes del estado, tienen que investigar sobre el paradero de las víctimas, debiendo desarrollar un gran esfuerzo en la actividad de divulgación para conseguir sensibilizar a la opinión pública y los distintos poderes del estado.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo reciben todos los años, gobierne quien gobierne, cuantiosas subvenciones tanto por parte del gobierno central como de los autonómicos, no sólo para sus actividades, sino también para mantenimiento de sus infraestructuras. Las subvenciones recibidas durante estos últimos años por las organizaciones memorialistas han servido para que los familiares y las asociaciones realizasen una mínima parte del trabajo que debería realizar el estado y no han recibido dinero para su mantenimiento. En este sentido, queremos decir que no queremos subvenciones, sino que el estado se responsabilice de sus obligaciones y cumpla con la legislación.
En resumen, las personas afectadas por las acciones de los grupos armados del movimiento vasco de liberación, han obtenido verdad (el estado ha investigado), justicia (el estado ha juzgado) y reparación (el estado ha reparado tanto material, como moralmente). Las víctimas del franquismo no han obtenido verdad (el estado no investiga), ni justicia (el estado no juzga) y una paupérrima reparación material y sólo en algunos casos. Por eso, hemos de dar la razón ala AVT: ni son comparables los actos, ni son comparables las víctimas. Lo que realmente es inaudito es que se diga que en España hay una democracia, cuando centenares de miles de demócratas están enterrados en fosas comunes y los que participaron en gobiernos de un régimen criminal sean alabados como “padres de la democracia” porque supieron “cambiar de chaqueta” cuando el dictador murió.
José María Pedreño
Las personas fallecidas como consecuencia de las acciones armadas de una parte delmovimiento vasco de liberación (1), en el marco de la guerra revolucionaria que se ha desarrollado en el País Vasco (2), están reconocidas jurídicamente como víctimas y enterradas donde sus familiares decidieron. Por el contrario, los centenares de miles de demócratas de distintas ideologías asesinados por los golpistas de 17 de julio de 1936, sus cómplices y el régimen de carácter fascista que implantaron, no han sido reconocidos jurídicamente como víctimas y los restos de una inmensa mayoría de ellos descansan en fosas comunes desperdigadas por descampados y cunetas.
Los miembros de las organizaciones armadas del movimiento vasco de liberación son perseguidos y juzgados cuando son capturados por las fuerzas policiales del estado español; incluso, en algunas ocasiones, han sido torturados (3). Como contrapunto, los golpistas de 18 de julio de 1936 (miembros perjuros del ejército y de las fuerzas coercitivas del estado, eclesiásticos, banqueros, grandes capitalistas y terratenientes, políticos de derechas, militantes de organizaciones fascistas y sus cómplices tanto internos y externos) no solamente no han sido perseguidos por la justicia, sino que además tuvieron tiempo, durante la dictadura y la llamada transición, de destruir todas las pruebas que pudieron de los crímenes que cometieron, sin que se hayan pedido responsabilidades en este sentido. No sólo eso, a los autores del exterminio de centenares de miles de demócratas desde 17 de julio de 1936 se les sigue homenajeando con monumentos, estatuas, calles y distinciones.
Al movimiento vasco de liberación, tanto a las organizaciones armadas, como a las que han defendido la independencia de EuskalHerria por vías pacíficas, se le exige que pida perdón; sin embargo, no se ha exigido nunca a ningún golpista del 17 de julio de 1936, dirigente del régimen franquista, ni miembros de las fuerzas coercitivas del estado franquista, incluidos los miembros de la temible Brigada Político-Social, que pida perdón a las víctimas del franquismo y sus familiares.
El actual jefe del estado siempre tiene en sus discursos palabras de solidaridad y agradecimiento para con las personas fallecidas, lesionadas o retenidas como consecuencia de las acciones de los grupos armados del movimiento vasco de liberación; sin embargo, nunca ha mencionado a las víctimas del franquismo y no tolera que se hable mal de Franco ante su presencia.
Las personas afectadas por las acciones de los grupos armados del movimiento vasco de liberación reciben, según la gravedad, cuantiosas indemnizaciones por parte del estado (4); las víctimas del franquismo, en muy pocos casos y en cantidades irrisorias (5); teniendo en cuenta que, además, la represión económica siempre fue de la mano de la represión física, es inaudito que no se hayan dado indemnizaciones, ni se hayan devuelto bienes incautados y ni se hayan anulado las multas impuestas como consecuencia de la aplicación de las leyes represivas del estado franquista.
La mayor parte de las personas calificadas como víctimas del terrorismo anteriores a 1977 no deberían ser calificadas como tales por un estado democrático ya que, en la mayoría de las ocasiones, murieron como consecuencia de acciones de grupos armados de resistencia a la dictadura de carácter fascista del general Franco, cuyo régimen fue condenado por Naciones Unidas en numerosas ocasiones, siendo igualado en sus resoluciones ala Italiafascista yla Alemania hitleriana. Es más, es un auténtico ejercicio de doble moral tan perverso, por ejemplo, como calificar de terrorismo a la resistencia armada europea que combatió el nazi-fascismo. Hay que recordar que el derecho a luchar contra la tiranía está recogido en el derecho internacional humanitario. Por tanto, no todas las personas afectadas por las acciones de los grupos armados del movimiento vasco de liberación “son culpa de una banda de terroristas”, tal como expresa la AVT; sin embargo, las víctimas del franquismos que son culpa de una banda de criminales que sembraron el terror desde el 17 de julio de 1936 hasta después, incluso, de la muerte del dictador. Calificar de terroristas a los que, en un ejercicio de resistencia a la tiranía, mataron a individuos como Carrero Blanco o al miembro dela Brigada Político-Social Melitón Manzanas, es tan hipócrita como calificar de terrorista, por ejemplo, al coronel Von Stauffenberg por haber intentado matar a Hitler.
El hecho de no condenar, negar o defender las acciones armadas del movimiento vasco de liberación está perseguido por la legislación. El no hacer lo mismo con los crímenes del franquismo, no sólo no está perseguido, sino que además el régimen de carácter fascista del general Franco y sus actos jurídicos represivos son considerados legales por la actual democracia.
Las acciones armadas del movimiento vasco de liberación son investigadas y perseguidas por los distintos poderes del estado. En el caso del franquismo son los familiares y las asociaciones los que, con la oposición, en muchas ocasiones, de los distintos poderes del estado, tienen que investigar sobre el paradero de las víctimas, debiendo desarrollar un gran esfuerzo en la actividad de divulgación para conseguir sensibilizar a la opinión pública y los distintos poderes del estado.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo reciben todos los años, gobierne quien gobierne, cuantiosas subvenciones tanto por parte del gobierno central como de los autonómicos, no sólo para sus actividades, sino también para mantenimiento de sus infraestructuras. Las subvenciones recibidas durante estos últimos años por las organizaciones memorialistas han servido para que los familiares y las asociaciones realizasen una mínima parte del trabajo que debería realizar el estado y no han recibido dinero para su mantenimiento. En este sentido, queremos decir que no queremos subvenciones, sino que el estado se responsabilice de sus obligaciones y cumpla con la legislación.
En resumen, las personas afectadas por las acciones de los grupos armados del movimiento vasco de liberación, han obtenido verdad (el estado ha investigado), justicia (el estado ha juzgado) y reparación (el estado ha reparado tanto material, como moralmente). Las víctimas del franquismo no han obtenido verdad (el estado no investiga), ni justicia (el estado no juzga) y una paupérrima reparación material y sólo en algunos casos. Por eso, hemos de dar la razón ala AVT: ni son comparables los actos, ni son comparables las víctimas. Lo que realmente es inaudito es que se diga que en España hay una democracia, cuando centenares de miles de demócratas están enterrados en fosas comunes y los que participaron en gobiernos de un régimen criminal sean alabados como “padres de la democracia” porque supieron “cambiar de chaqueta” cuando el dictador murió.
José María Pedreño
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